
Que caigan los criminales, sí. Que el Estado los persiga, los capture y, cuando no quede otra opción, los dé de baja, también. Pero convertir la muerte en espectáculo no es seguridad: es populismo. Y en un país que se acostumbró a matar tan fácil, es un mensaje peligroso.
Empiezo por reconocer lo que se ha hecho bien. En Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada decretaron un paro armado: quemaron vehículos, dispararon contra negocios y dejaron la ciudad vacía. El Gobierno respondió con contundencia: cayó alias Cholo, llegaron cerca de 500 militares y sus miembros presos fueron trasladados a cárceles de mayor seguridad. En Cali, la Operación Iron movilizó a más de 1.200 uniformados, hizo 103 allanamientos y dejó 85 capturados. Eso es autoridad, y los colombianos de a pie la estábamos esperando.
El problema no son los resultados. El problema es la puesta en escena.
En Riohacha, el presidente Abelardo de la Espriella dio una rueda de prensa al lado de cuatro cuerpos cubiertos con sábanas blancas. En otros videos aparece caminando entre bolsas con cadáveres, micrófono en mano, celebrando el operativo. Fue tan grave que un juez ordenó ocultar esas publicaciones de las cuentas oficiales mientras decide de fondo.
A eso se suma la pistola al cinto en Santa Marta y la avalancha de videos hechos con inteligencia artificial que lo muestran como un Terminator criollo, armado hasta los dientes, saliendo a cazar delincuentes. Puede parecer un chiste de redes. No lo es.
¿Qué aprende un muchacho de barrio cuando ve al presidente de la República posando junto a cadáveres? Aprende que la muerte es un trofeo. Que el que mata gana. Que la vida del otro vale un video. Esa es exactamente la lógica del sicario, y es la misma que llevamos décadas intentando desmontar.
Un muerto, así haya sido un criminal, sigue siendo un ser humano. Su dignidad no se negocia, ni la de su madre, que también ve esas imágenes. Un Estado que respeta la vida no necesita exhibir la muerte para demostrar que es fuerte.
Y hay algo todavía más grave. En el operativo contra alias Cholo murió Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años. Su familia asegura que era un campesino que había llegado una semana antes a trabajar con ganado. En redes circuló la versión de que era hijo de un cabecilla; el propio Ministerio de Defensa la desmintió. La Fiscalía y Medicina Legal deben esclarecer los hechos, y la Defensoría acompaña a la familia.
Que se investigue hasta el final. En Colombia no hay espacio para un solo falso positivo más: la JEP ya documentó 6.402. Ningún modelo de seguridad, por exitoso que sea, puede construirse sobre la muerte de un inocente.
Además, el show crea una ilusión: que basta con abatir cabecillas para acabar con la violencia. Los expertos ya lo advierten. Cae un jefe y aparece otro, porque estas estructuras tienen raíces familiares y sociales en los territorios. Si solo atacamos la cabeza, seguiremos pedaleando en una bicicleta estática.
Por eso debemos es hablar de Seguridad Total. Mano dura en las calles, sí. Pero también mano tendida en las cárceles, con una rehabilitación humana real para quien quiera cambiar. Y, sobre todo, oportunidades en los barrios, especialmente para los niños y jóvenes que hoy son la cantera de los grupos armados. Porque un joven con estudio, deporte y trabajo es un soldado menos para el crimen.
Presidente, siga persiguiendo a los criminales. Los resultados hablan por sí solos y no necesitan escenografía. Y a los colombianos nos toca lo nuestro: dejar de aplaudir la muerte, aunque sea la del malo. El día que un cadáver deje de ser contenido para redes, habremos dado el primer paso hacia un país que de verdad valora la vida.
Adenda: A la madre de Ricardo Andrés, mi solidaridad. Su dolor no puede quedar enterrado en un video más. Exigir verdad no es estar contra la seguridad: es exigir que la seguridad sea para todos.
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